Por Christian Martínez Santos.
El 30 de marzo de 1985 los cuerpos sin vida de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron descubiertos cerca del aeropuerto de Santiago, con sus gargantas acuchilladas.
Nattino, pintor y partidario de la unión de profesores AGECH, había sido secuestrado el 28 de marzo, mientras el líder de la AGECH, Guerrero, y Parada, un empleado de la Vicaría de la Solidaridad, fue secuestrado el 29 de marzo.
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como Caso Degollados, evocó la indignación extendida y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.
Sólo cuatro meses más tarde, luego de que las viudas de los asesinados encabesaran semanalmente marchas hacia el Ministerio de Justicia, en el centro de santiago, exigiendo que se hiciera justicia, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales no encargados de la policía nacional (carabineros). El después de los efectos de este caso provocó, el 2 de agosto de 1985, la dimisión del general César Mendoza, Director General de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR, una agencia de Carabineros que había realiza
do, según se afirma, los secuestros y asesinatos. En su informe especial de 1985, la Comisión Interamericana en Derechos Humanos declaró que esto esperó que "el caso ahora en curso conduzca a la identificación y el castigo de las personas responsables de la ejecución de un acto tan culpable."
Finalmente seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato.
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como Caso Degollados, evocó la indignación extendida y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.
Sólo cuatro meses más tarde, luego de que las viudas de los asesinados encabesaran semanalmente marchas hacia el Ministerio de Justicia, en el centro de santiago, exigiendo que se hiciera justicia, la investigación realizada por el Juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales no encargados de la policía nacional (carabineros). El después de los efectos de este caso provocó, el 2 de agosto de 1985, la dimisión del general César Mendoza, Director General de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR, una agencia de Carabineros que había realiza
do, según se afirma, los secuestros y asesinatos. En su informe especial de 1985, la Comisión Interamericana en Derechos Humanos declaró que esto esperó que "el caso ahora en curso conduzca a la identificación y el castigo de las personas responsables de la ejecución de un acto tan culpable."Finalmente seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato.
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