Javier Couso y la Constitución del Bicentenario: “La llave de todo cambio la tienen los herederos políticos de la dictadura”

El abogado de la PUC y Doctor en política social de la Universidad de California analiza la carta de derecho fundamental del 80 y afirma las razones sobre la necesidad de reformar la Constitución. El jurista, académico UDP y miembro de Océanos Azules (grupo programático de Frei), explica porqué no se ha hecho nada en 20 años y cómo se puede hacer esta reforma, de cara al Bicentenario.

Por Claudio Morales

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución?
Por que esta Constitución tiene elementos que no apoyan la democracia, sino que conspiran contra el sistema democrático, como las leyes orgánico-constitucionales o de “supermayoría”, como el sistema binominal, o como la forma en que está diseñado el Tribunal Constitucional. Las primeras, porque hacen imposible modificar cuestiones sin contar con el consenso entre los herederos del régimen militar y los que no lo son. Si no se cambian las leyes orgánicas constitucionales hoy es porque requieren un quórum tan alto que sólo con el concurso de gobierno y oposición es posible cambiarlas.

¿Cómo cuáles?
Como la LOCE que teníamos, que era de la dictadura. Para cambiarla, a la LGE, se necesitó del acuerdo entre quienes querían cambiarla y quienes querían defenderla. En una democracia normal con la mitad más uno, uno cambia las leyes. Aquí se requiere, en el caso de las leyes orgánicas, un 62%.

Se critica mucho “el pecado de origen” de la Constitución, el hecho de haber sido establecida durante dictadura, ¿es ese realmente un problema?
Es un problema simbólico, pero si se cambiaran estas cosas que estoy planteando, más algunas otras, como la prohibición de crear empresas del Estado si no es con ley de quórum, si se eliminaran estas tres cosas que te planteaba, el origen sería irrelevante. Sería simbólicamente malo, pero irrelevante en la práctica.

Hay juristas, como Fernando Atria (UAI), que han sostenido la existencia de una suerte de trilogía antidemocrática, entre estas leyes de quórum, el TC y el binominal. ¿Le parece que estas instituciones no permiten el desarrollo de la democracia en nuestro país?
Hemos trabajado juntos con Fernando y sé que estamos muy de acuerdo en esto. Estos son los tres elementos que son parte del diseño de la “democracia protegida”, son los ejes que protegen al sistema político chileno de la democracia. El modelo queda entonces protegido, la llave de todo cambio la tienen los herederos políticos de la dictadura, que son la oposición hoy en día. Si ellos no están de acuerdo en conceder un cambio en las leyes orgánicas, no se cambia. Y sigue prevaleciendo la postura de la época dictatorial, cuando había un 100% de quórum de los cuatro miembros de la Junta Militar, como dijo Roberto Garretón.

Entonces, ¿cambiar esta trilogía sería un avance?
Sería un cambio sustancial en la Constitución, porque sería una carta fundamental en la que quedaría claro el principio de que la mayoría manda, eso daría para rebautizar la Constitución como la del Bicentenario. Además, le quitarías el carácter que tiene hoy, ésta Constitución perpetúa la legislación heredada de la dictadura, a menos que la mayoría de estos herederos estén de acuerdo en modificarla. Si tú cambias estas tres cosas tienes un animal distinto, otra Constitución. Tú esencialmente la cambias cuando la democratizas. Estas tres reformas las hemos llamado, en Océanos Azules, las “Reformas Democratizadoras de la Constitución”. Si sacas estos tres elementos, dejas sentado el principio de que la mayoría manda, que es algo que hoy no tenemos.

Llevamos casi 20 años de gobierno concertacionista, ¿Porqué no se ha hecho nada al respecto?
Por distintas razones. Si lees el programa de la Concertación del año ’89, en él estaban estas cosas. Pero en esa época, y como esta transición fue pactada entre los que tenían el poder militar y quienes querían democratizar el país, no había correlación de fuerzas para haber impuesto estos cambios. Y después los gobiernos de la Concertación, simbolizados por Lagos que creía que cambiándole la firma se acababa el problema, cometieron el error de no dimensionar que estaban todavía estos tres elementos de la democracia protegida subsistiendo. Fue una mezcla de falta de poder político en el año ’89, y luego falta de conciencia política en 2005.

Algunos constitucionalistas, como el ya citado Atria, han sostenido que no es tan relevante el contenido del documento, si no más bien quién lo interpreta. ¿Es importante, entonces, el contenido de la Constitución?
Yo discrepo de aquello, creo que la gente que interpreta la Constitución es representativa de la política que hay en un país determinado. Siempre entre los jueces del Tribunal Constitucional va a existir un grupo bastante conservador y por lo tanto, creo que el sesgo ideológico neoliberal que tiene la carta de derechos fundamentales a mi sí me gustaría cambiarlo, discrepo en eso con Fernando. Si tú no tienes un tribunal que sea capaz de defender cada letra y cada coma de lo que dice el capítulo de derechos fundamentales, se vuelve menos relevante lo que ahí dice, pero creo que sí hay un sesgo neoliberal y cuasi autoritario en la Constitución. Mezclado con otras cosas que son socialdemócratas, como dice Eduardo Aldunate (PUCV). Es una constitución “equeko”, como menciona Pablo Ruiz-Tagle (UCH), una combinación híbrida entre este sesgo neoliberal y los derechos fundamentales, que tiene elementos del social cristianismo, elementos del Tomismo católico, elementos del pensamiento constitucional social del siglo XIX y también aspectos neoliberales. Es un menjurje.

¿Qué le parece la designación de Marcelo Venegas (ex DINACOS) como presidente del Tribunal Constitucional?
Impresentable. Ni en términos técnicos es considerado un gran jurista o constitucionalista, ni en términos políticos es aceptable que un ex miembro de la Dictadura sea representante del órgano que debe defender los derechos fundamentales y promover y proteger la democracia chilena. Insisto en lo que mencioné en una entrevista que di hace poco en el Mostrador (.cl), cómo le explicamos a un extranjero que la segunda autoridad del país sea el presidente del Senado, Jovino Novoa, y cuyo currículo es haber sido subsecretario general de Gobierno bajo la dictadura militar más dura del país. Y además, el presidente del TC, el organismo encargado de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, fue ex director de DINACOS, la entidad encargada de censurar bajo la misma dictadura. No entendería nada.

¿Fue un error, como lo ha mencionado Carlos Ominami, que Ricardo Lagos haya afirmado (y firmado) una nueva Constitución en 2005, con las reformas que implementó?
Sí. Insisto, si Lagos le hubiese quitado estos tres elementos de democracia protegida que quedaban, habría tenido todo el sentido del mundo hacer un gesto como el que hizo. El problema es que estaba firmando y con eso aparecía él apoyando esta Constitución que tiene estos tres elementos indefendibles desde la teoría democrática, aparece como prestándole ropa a esta Constitución con incrustamientos autoritarios.

En un escenario más actual, ¿Con qué candidato hay más posibilidades de cambiar estos elementos antidemocráticos de la Constitución?
Si gana Piñera no hay ninguna alternativa de que esto ocurra. Piñera no tiene ningún incentivo a hacerlo y por lo demás no ha hablado al respecto. Si gana Frei tampoco es algo obvio, porque aún cuando Frei quisiera, si aquí la derecha, o algunos juristas de la derecha, no están de acuerdo en empezar un proceso de reflexión para redemocratizar nuestra Constitución, no se podría. Ellos tienen la llave de la transición a una nueva Constitución. A menos que el Gobierno quisiera saltarse la institucionalidad vigente y eso, me parece, que no están dadas las condiciones objetivas políticas para que eso ocurra. El país probablemente sentiría, la población, que se está faltando a las reglas. Sería bajar el prestigio del presidente, e inmediatamente éste se echaría para atrás. O sea, post Zelaya, podríamos decirlo, no veo cómo, si no hay un acuerdo nacional importante, entre por lo menos juristas de izquierda, de centro y de derecha, que le propusieran al país un mecanismo para extirpar de la Constitución estos elementos heredados de la Dictadura y de carácter autoritario, se podría hacer. De alguna manera aquí hay una especie de zapato chino, cuesta salir de esto. Y si ganara Marco tampoco veo mayor diferencia, ya que sería un presidente aún más débil, sin el apoyo de los partidos.

¿Qué lugar tiene en este proceso de cambio una Asamblea Constituyente?
Si yo fuera presidente plantearía una cadena nacional para discutir estos problemas y convocaría a una suerte de comisión Rettig, pero de cambio constitucional, en que invitaría a un grupo plural de juristas y cientistas políticos de todas las ideologías, una comisión solemne a propósito del Bicentenario, que le dijera al país cómo redemocratizar su Constitución. Si existiera ésta comisión, que le dijera al presidente “esto hay que cambiarlo”, sería difícil para la derecha política negarse a estos cambios. Si tú extirpas estas tres cosas y redemocratizas la Constitución no necesitas una Asamblea Constituyente. Además de que hay un mito en torno a una Asamblea Constituyente, hay una cosa que la gente no entiende y es que no hay ninguna razón para pensar que la derecha va a sacar menos del 40% en esa asamblea, ninguna. Y éstas operan con quórums más altos que la mitad más uno, porque están haciendo una Constitución, no están haciendo una ley. Entonces en ese contexto, yo no veo muchos problemas si tú lograras hacer esto en una reforma constitucional consensuada, porque al sacar estos tres elementos dejas que la democracia decida cosas. No necesitas poner todo en la Constitución. Las cosas que quieras hacer, las haces, con ley simple, sólo tienes que conseguir mayoría. Pero para eso primero hay que terminar con el binominal, para poder construir mayoría. Hay que terminar con las leyes orgánicas para que una vez que construiste mayoría puedas legislar en el Congreso. La Asamblea Constituyente es un medio, no es un fin. Y es un medio que encuentro necesario si logras sacar estas tres cosas.

¿Hay un poco de pasión en la idea de llamar a una Asamblea Constituyente?
Sí, creo que es simbólico. Pero la gente que quiere Asamblea Constituyente imagina procesos como el de Evo Morales, y en Chile eso no va a ocurrir. Tenemos una derecha muy derechista, muy importante y que tiene mucho apoyo popular. Yo estaría contento con democratizar mi Constitución, para sentirla mía. Porque no la siento mía, porque no es democrática.

¿Cuáles son los proyectos de Océanos Azules en estas materias?
Nosotros entregamos nuestro proyecto, que son todas estas ideas, y como toda comisión programática, el candidato Frei tiene que ver qué toma y qué no toma. Trabajamos muy bien, hubo mucho consenso y estamos a la espera de que tome lo que hicimos. <<

Seguir leyendo

Frei, Enríquez y la izquierda alegan: ¿Nueva Constitución para el Bicentenario?

Es el caballito de batalla del candidato oficialista. Más allá de que políticos y medios se acuerden de estos temas sólo en campañas, aquí analizamos y hacemos pebre las “garantías” constitucionales del documento Pinochet-Lagos. Uno se olvida de lo importante del tema, porque la Constitución es como la cancha donde se enfrentan los equipos y a uno le interesa el partido. De pronto, pasa que las jugadas se repiten calcadas: ¿no tiene la sensación de que el tema de la píldora del día después, matrimonios homosexuales y un laargo etc., ya lo hemos hablado? A continuación, los motivos de por qué tal vez sienta que los políticos no sirven para nada y por qué muy pocos temas relevantes se solucionan en el Congreso.

Por Claudio Morales.

Durante los últimos meses se ha instaurado en la sociedad y en los medios (en la primera como tema y en la segunda como agenda) la idea de la necesidad-urgencia de una nueva Constitución, de cara al Bicentenario.

Al respecto, cuatro de los seis candidatos al sillón de la Moneda, Jorge Arrate (Juntos Podemos), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Alejandro Navarro (MAS) y Eduardo Frei (Concertación), se han mostrado a favor de, en sus eventuales gobiernos, legislar y establecer una nueva carta fundamental, que responda a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de la sociedad chilena. La pregunta que surge a primeras luces es ¿Es necesaria entonces, una nueva Constitución?

La respuesta más allá de análisis históricos y emocionales es: sí.

Esta Constitución, establecida en 1980 tras un plebiscito (podemos discutir si existían las garantías o no), contiene una serie de factores característicos del tiempo y del contexto político del Chile de ese entonces.

En materia económica, defiende una fuerte protección a las garantías individuales y del derecho de propiedad, otorgándole al Estado mínima participación y relegando su función a una fiscalizadora-subsidiaria, que en la práctica no ha garantizado este “equilibrio económico” por el que debería velar. Aunque con el pasar de los años (tomando como referencia el retorno de la democracia), esta función “contralora” se ha ido desarrollando progresivamente con más fuerza. Basta sólo recordar el caso colusión, en que la FNE fue (y es) el juez y verdugo de las farmacias coludidas, Fasa, Cruz Verde y Salco Brand. Más allá de los reparos y opiniones que se puedan tener respecto de este caso, el brazo fiscalizador del Gobierno, incluyendo el SERNAC, ha cumplido la función económica de resguardar los derechos de los consumidores, y condenado las malas prácticas.

Triunvirato “democrático”
En materia electoral, y es aquí donde nacen las críticas y la sensación de que el documento es antidemocrático, la Constitución se sustenta en un modelo binominal, en el que el país se divide en Distritos (para los diputados) y Circunscripciones (para senadores), y se eligen dos representantes por sector, que deben tener la mayoría de los votos juntos, no importando que uno de los dos saque un porcentaje ínfimo (doblaje). Así, el de mayor votación “arrastra” al segundo, lo que provoca que no se respete la mayoría simple, por lo que muchas veces los votos de la segunda mayoría se “pierden”.

Este sistema entonces, no refleja una verdadera democracia en la que el pueblo, con mayoría simple, elige a sus autoridades. Además, vuelve irrelevantes los resultados de las elecciones para efectos de realizar reformas importantes, ya que se necesitan quórums muy altos (62%) y genera una distorsión en la competencia electoral que se traslada al interior de las coaliciones, que terminan por designar candidatos “asegurados” para ganar a través de las negociaciones entre ellos, lo que le da un gran poder a las directivas y los partidos, pero disminuye el poder ciudadano en el voto.

Tema aparte son las leyes orgánicas constitucionales, las leyes “ancla” de la Constitución Pinochetista-Laguista (menuda mezcla). Estas leyes, necesitan 4/7 de votos en las respectivas cámaras, por lo que el oficialismo ha tenido que contar y negociar históricamente con la derecha, respecto de cualquier legislación o modificación a estas leyes. Cosa curiosa, si consideramos que el Estado chileno se considera democrático y un ejemplo de política en Sudamérica, porque en ningún estado democrático actual, se necesitan quórums tan altos para aprobar leyes. Basta con mayoría simple. Así, Chile es de los pocos países donde la clásica fórmula de “mayoría más uno” no sirve.

Entonces, se mantiene la voluntad de la minoría, de los “derrotados”, que tienen poder de veto sobre las leyes, lo que produce un empate entre la mayoría y la minoría.

Ejemplos hay muchos, pero revisemos el de la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fue aprobada en la noche del 10 de marzo de 1989, el último día de la dictadura. La LOCE ha estado en vigencia por 18 años, rigiendo la educación de todos los chilenos, sin que la mayoría esté de acuerdo. ¿Qué voluntad la ha sostenido? Pues, la voluntad de la minoría que se ha vuelto central gracias al quórum. ¿Y cómo es que se logró cambiar por la basureada LGE? Sólo por que la derecha dio la venia y los votos. Así, la derecha conserva la llave de la democracia. E inversamente, si la derecha llegase al poder en la próxima elección (situación bastante probable para algunos, encuesta en mano), necesitaría negociar ante cualquier reforma que quisiera implementar, aunque, claro está, las actuales reglas del juego no le desacomodan para nada, por lo que reformas de este tipo son poco probables.

Finalmente revisemos el Tribunal Constitucional. Instaurado como organismo revisor de todas las enmiendas importantes, fue fundado en 1970, disuelto por el gobierno de Allende el 73 y repuesto durante Dictadura, avalado en la Constitución del 80 como organismo autónomo y siendo modificado sustancialmente el 2005, con las reformas de Lagos.

El TC tiene una gran cantidad de atribuciones como ejercer el control de constitucionalidad de las leyes interpretativas, y en general, resolver sobre la constitucionalidad de la gran gama de leyes y decretos (proyectos de ley, leyes orgánicas, resoluciones presidenciales) sobre los que se legisla, pudiendo declarar éstos últimos como inconstitucionales, lo que le otorga un gran poder. Además, puede definir las reglas del juego en relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones.

En 2005, se estableció que quedaría compuesto por 3 ministros de la Corte Suprema elegidos por ella misma, 3 miembros designados por el Presidente de la República, 2 miembros elegidos por el Senado y 2 miembros propuestos por la Cámara de diputados y designados en definitiva por el Senado. Hasta entonces, el Consejo de Seguridad Nacional elegía a dos miembros, cláusula modificada ese año, configurando y manteniendo la fórmula expuesta primero, otorgándole más poder al presidente, que antes sólo nombraba a un miembro.

Todos los miembros del TC son abogados juristas, convirtiéndose éste en un requisito, ya que supuestamente, la Constitución, los juicios y problemas emitidos respecto de ésta deben ser resueltos de manera técnica, no política. Y aquí nace una de las tantas críticas al tribunal: la falta en la composición de otros ciudadanos, como en el caso francés, en que se parte de la base de que la Constitución es de todos los ciudadanos, y todos – cualesquiera sean sus formaciones profesionales – están llamados a darle vida y significado a los textos fundamentales.

Así, el TC se transforma en un órgano “democrático” altamente poderoso, pudiendo reducir el poder del ejecutivo o el legislativo, como en el caso de la repartición de la píldora en consultorios. Allí se demostró que el TC tiene incluso más poder que el Congreso, que se supone es donde se representa el pueblo. Además, sus votos y designaciones internas son secretas, lo que lo transforma en un ente cerrado, con poco transparencia, y donde el ciudadano corriente tiene escasa información, además de poca participación.

La Constitución más “parchada”
La historia constitucional chilena es amplia y a través de los años se ha ido desarrollando y perfeccionando, además de adaptarse a las nuevas realidades. El primer ensayo constitucional fue promulgado por la Junta de 1810, el “Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile de 1811”, que daría paso más tarde al “Reglamento Constitucional Provisorio de 1812”, impuesto por José Miguel Carrera luego de encabezar un golpe contra el Congreso, el cual es disuelto el 2 de diciembre de 1811. Años más tarde, y con Carrera derrocado, Bernardo O’Higgins promulga la primera carta fundamental con Chile prácticamente independizado, la Constitución de 1818.

Pero dentro de la historia chilena, las constituciones que se consideran más importantes son las de 1833, 1925 y 1980, todas frutos de períodos turbulentos. La primera, de una guerra civil (1829) y las otras, de golpes de Estado (1924 y 1973), siendo ninguna de ellas producto de debates políticos en el marco de una democracia, sino que resultado de enfrentamientos violentos y la existencia de vencedores y vencidos. Aunque, no es de extrañar, ya que la mayoría de las Constituciones del mundo han sido producto de la violencia: la norteamericana (1787), por ejemplo, fue hecha por un grupo de hombres blancos, ricos y dueños de esclavos. O la alemana, que fue hecha con el país ocupado.

¿Es un problema, entonces, que la Constitución del 80 tenga este pecado de origen?

La respuesta parece ser no. Siempre se cita a la Constitución del 25 como la más democrática, pero como ya sabemos, también fue resultado de un proceso político violento. ¿Qué la hizo transformarse en democrática entonces?, permitir un proceso a través del cual el pueblo se pudo apropiar de ella, aún cuando su origen le era ajeno.

En comparación con las constituciones anteriores, la de 1980 es la que ostenta el récord histórico de ser la que ha sufrido un mayor número de reformas, en proporción a su tiempo de duración. Como dato, sólo entre 2006 y 2008 se han presentado 227 mociones parlamentarias y 18 mensajes presidenciales sugiriendo reformas a la carta fundamental.

Cerca del 25% de los proyectos en discusión en el Congreso que dicen relación con reformas constitucionales, son apoyados transversalmente por partidos de gobierno y oposición. El resto se debate entre la negociación y el rechazo. Esto hace urgente la necesidad de cambio de esta trilogía seudo democrática.

Por eso, y mucho más, exíjaselo a su candidato.

Seguir leyendo